de Cecilia Giffard
El pasado catorce de Julio, aniversario de la toma de la Bastilla, el Senado argentino aprobó el matrimonio homosexual. Durante el debate, que duró quince horas, el senador Eugenio Artaza formuló una pregunta que sería recomendable nos hiciéramos todos y cada uno de nosotros como ciudadanos "¿Por qué tenemos que hacer tanto esfuerzo para impedir que otras personas tengan los mismos derechos que nosotros?".
Todos somos libres de decidir con quién compartimos nuestro tiempo, bienes, y todo lo que nos pertenezca. Toda persona tiene el derecho de decidir sobre su vida mientras no viole ninguna ley, ni violente el derecho de otro ciudadano.
Voy a referirme solo al matrimonio civil ya que el matrimonio religioso es un acto ceremonial que depende de cada una de las religiones y concierne solo a sus adeptos. Cuando vemos el matrimonio como la forma que tiene el estado de reconocer ciertos derechos y obligaciones de dos individuos que deciden convivir, se hace incomprensible la resistencia de ciertos sectores a reconocer ese derecho a todo ciudadano, sin distinción. El derecho a vivir legalmente en pareja dentro de la sociedad nos pertenece a todos por igual.
Es conocido por todos que las llamadas uniones libres dejan sin ciertos derechos y en posiciones confusas y poco ventajosas a las personas que las conforman. Para eliminar, aliviar o aclarar los problemas que puedan surgir de dicha unión la gente decide casarse.
Por supuesto, el simbolismo de la unión matrimonial como muestra de amor también hace a las personas acudir al registro civil y contraer matrimonio.
Este derecho a compartir legalmente bienes y obligaciones, a dirigirse a un registro civil y contraer matrimonio que en teoría tiene cualquier ciudadano, es negado en la práctica a los homosexuales. Vale la pena preguntarse ¿Por qué?
En mi criterio, lo que está ocurriendo con la comunidad gay en la mayoría de los países del mundo es una inexcusable y violenta vejación de su ciudadanía por haber hecho uso de su derecho a elegir.
En pocas palabras, como no nos gusta la opción de vida de este grupo de personas, vamos a agredirlos sin justificación, ha imposibilitar que hagan valer sus derechos; vamos a obligarlos a vivir en la ilegalidad, al margen de la sociedad y sus leyes. Podrán vivir entre nosotros solo si cambian su forma de ser y se ajustan a la nuestra. Eso es simplemente violencia.
No podemos olvidar que como ciudadanos todos tenemos los mismos derechos. Mientras un ciudadano no viole las leyes civiles, no podemos privarlo de sus derechos.
Eres libre de escoger los valores que reinarán en tu casa, pero no puedes de ninguna manera ir a imponerlos en casa de tu vecino sin violentar su derecho a escoger como lo hiciste tú.
Hay que diferenciar al estado de las religiones, a los ciudadanos de los feligreses o creyentes. Lo que no tolere tu religión no lo aceptes en tu espacio, en tu casa, en tu grupo. Pero en la sociedad, en esta comunidad civil formada por cada uno de los ciudadanos, las creencias particulares no tienen ni pueden tener cabida a la hora de tomar decisiones sobre los derechos que nos conciernen y afectan a todos.
Piensa por un momento, si tú tuviste el derecho de elegir libremente tus gustos y preferencias, de contraer matrimonio con quien deseabas, de disfrutar y compartir bienes con tu pareja de forma legal ¿Por qué impedir que otras personas tengan el mismo derecho?
